Ernesto Canales Santos, primer Fiscal Anticorrupción en México, señala en su reciente publicación ¿Cómo nos arreglamos?, los grandes retos que trae consigo la corrupción en nuestro país en pequeña y gran escala, problema que en ocasiones pareciera no tener solución para su erradicación y que se ha filtrado en prácticamente todos los ámbitos y a todos niveles.
Esto lo hace derivado de su gestión al frente de la Subprocuraduría Especializada en Delitos de Corrupción y luego al frente de la Fiscalía especializada en este mismo tipo de delitos, dando a conocer distintas anécdotas y pasajes de los cuales se obtienen distintas conclusiones que bien resultan de enfrentarse a nuestro sistema penal y que dan cuenta e la necesidad de un verdadero cambio si se quiere erradicar la corrupción que afecta día a día a nuestra sociedad.
Como lo señala Ernesto Canales Santos y entre sus múltiples reflexiones encontramos que es una realidad que en nuestro país cuando se trata de enjuiciar a importantes y grandes actores políticos el sistema penal es sumamente maleable y atiende a intereses económicos y políticos, más allá de lo señalado por la ley y conforme le conviene a quien gobierna en ese momento, como es el caso del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien solo pasó alrededor de 19 horas en la cárcel y a quien la instauración de un juicio de amparo le ha permitido salir y seguir estando libre, siendo que tiene más de diez denuncias en su contra pero el Poder Judicial del Estado de Nuevo León bien le ha permitido continuar impune pese a la existencia de pruebas irrefutables como el otorgamiento de excepciones fiscales a la empresa automotriz KIA, en plena contravención a lo señalado por la legislación fiscal y sin que haya alguna consecuencia a su actuar.
Si bien hay muchas reformas en materia penal, como lo recalca Ernesto Canales, es difícil obtener una sentencia condenatoria ya que los fiscales tienen que sortear distintos obstáculos, como la negativa para acceder a la contabilidad de los sospechosos y actores del gobierno, el secreto bancario, las suspensiones que permite el juicio de amparo, así como la falta de participación de la sociedad civil.
Adicionalmente al Poder Judicial, al menos en el Estado de Nuevo León le falta ser más enérgico e imponer sanciones reales, sin temor a una represalia o bien sin dejar que algún tipo de soborno sea el que decida el sentido de sus resoluciones.
Son estos obstáculos los que impiden en gran manera obtener resultados favorables que impacten en la sociedad y sobre todo que atiendan a las preocupaciones de ésta, quien cada vez cree menos en sus instituciones y leyes y cada vez está más segura que entre más alto es el puesto del servidor que se ve inmiscuido en un acto de corrupción, más difícil será comprobarlo y prácticamente imposible que se le finque una condena, ello también por el hecho de que los altos actores políticos no se encuentran solos, por el contrario, cuentan con el apoyo de diversas personas que de cierta manera están al tanto de sus actividades pero que entorpecen las investigaciones al grado de contar con muy poca información y material de prueba que permita tener un caso sólido y en el cual la autoridad se pronuncie para hacer valer lo que en verdad dice la ley.
Los hechos narrados, que acontecen en Nuevo León, en realidad ocurren en todo nuestro país donde la cantidad de actos de corrupción realizados por distintos servidores públicos va a la alza, sin embargo si bien en muchos casos los medios han servido para darle publicidad a estos hechos, resulta que no se ejerce sanción alguna y que por el contrario, aquellos que se enriquecieron con recursos de la nación o mediante actividades ilícitas se encuentran en libertad; mientras tanto, pasa el tiempo y no se da una solución al problema. Problema que afecta a nuestra sociedad todos los días y quien cada vez confía menos en el sistema de justicia.
Es importante tener en cuenta que es necesario hacer un cambio para disminuir y eventualmente erradicar la corrupción en nuestro país, ello a través de distintas medidas como son el señalamiento de un Fiscal Anticorrupción que si bien sería designado por el Ejecutivo, permita la participación del Congreso y de la sociedad civil. Ernesto Canales, refiere también como necesaria la modificación de la ley de amparo para incorporar el principio de oralidad y también eliminar las suspensiones de actos de investigación o de procedimiento, actos que se realizan con el afán de detener los procedimientos y en su caso alargarlos a gusto de quien se presume ha llevado a cabo actos de corrupción.
En la misma línea, también es sumamente importante contar con personal especializado ya que derivado del alto nivel de complejidad de las transacciones que se llevan a cabo para ocultar, transferir y designar recursos, es necesario contar con personal que esté capacitado y conozca la materia. De igual manera, es necesario eliminar aquellos obstáculos que impiden hacerse llegar de información fundamental para armar el caso como lo son las declaraciones patrimoniales, contratos, precios de servicios, licitaciones, etc., y para lo cual se requiere de una mayor y mejor comunicación entre fiscales, autoridades, sociedad civil y todos aquellos agentes que de alguna manera se encuentren inmiscuidos.
Es cierto que el esfuerzo efectuado por el primer fiscal anticorrupción en el estado de Nuevo León representa un ejemplo para la administración de justicia en materia de delitos de corrupción a nivel federal y local, por lo que sus recomendaciones y conclusiones bien pueden y deben ser consideradas en aras de mejorar nuestro sistema penal.
