PROPUESTA DE REFORMA AL PODER JUDICIAL POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL.

El pasado 05 de febrero del año en curso, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados como parte del paquete de 18 reformas constitucionales y 02 legales, la reforma al Poder Judicial, mediante la cual propone entre otras cosas quitar pensiones, modificar sueldos, y elegirlos por voto popular, las cuales pretenden se apliquen a partir del 01 de septiembre de 2025.

La propuesta del Ejecutivo Federal es la de reformar al Poder Judicial debido a que considera la “ausencia de una verdadera independencia en las instituciones encargadas de la impartición de justicia” y que ello indica una de las causas de la desigualdad económica y social que ha padecido México.

Asimismo, manifestó que “la paz sólo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”, señala la iniciativa.

Así el Presidente pasó de los ataques y las críticas a proponer una reforma con dotes revanchistas al Poder Judicial.

Es evidente que el Presidente y el Poder Judicial existe animadversión, lo cual incluso ha ido incrementándose, pues para el titular del Ejecutivo Federal los Ministros, Magistrados y Jueces no cumplen con sus funciones, por lo que ha señalado que eso debe cambiar desde la forma en que son electos.

Durante los cinco años de su gobierno, el Presidente ha manifestado su descontento con el Poder Judicial, al cual ha señalado de estar «secuestrado por la oligarquía, de ser un bastión del conservadurismo y de servir a intereses de minorías».

En efecto el Presidente ha enviado un sinfín de críticas al Poder Judicial, señalando que no defienden los intereses del pueblo, sino los de grupos del poder económico, asimismo ha cuestionado los sueldos de los Ministros increpándolos de que no se ciñen a la Ley de Remuneraciones al percibir sueldos mayores a los del Presidente, ello sin considerar las prerrogativas de las que gozan.

Así en sus conferencias mañaneras, en forma constante exhibe a Ministros y Jueces por sus resoluciones en favor de los grupos de poder y de sus adversarios, ello derivado de los descalabros que ha sufrido su administración entre ellos el rechazo a la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la invalidación del “Plan B” de la reforma electoral y el de la Ley de la Industria Eléctrica.

De tal suerte que es evidente la batalla frontal que mantiene con el Poder Judicial, a quien también a recortado su presupuesto como medida de presión, acrecentándose una disputa aún más evidente con la llegada de la Ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte.

Es importante mencionar como antecedente de esta nueva propuesta para la reforma al Poder Judicial que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una reforma constitucional en materia de Justicia Federal, se entiende como una actualización funcional y estructural del Poder Judicial, que busca atender los aspectos que necesitan ser cambiados en beneficio de la población.

Así en el año 2021, al interior del Poder Judicial de la Federación surgió la iniciativa de una “Reforma del Poder Judicial con el Poder Judicial”; impulsada por el ahora ministro en retiro Arturo Zaldívar que se planteaba como una reforma profunda para cambiar leyes que regulan la estructura y facultades del Poder Judicial.

Esta propuesta como era de esperarse al provenir del ex ministro Zaldívar, fue llevada al Congreso y tuvo el apoyo del Presidente, quien para ese mismo año expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, reformándose diversos ordenamientos, lo cual se convirtió en una de las más trascendente pero también trajo un gran debate, pues los senadores y diputados fundamentalmente del partido Morena, avalaron una reserva al artículo transitorio 13, de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación mediante el cual daría la posibilidad al ex ministro Zaldívar de permanecer en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el año 2024, extendiéndose así su encargo por dos años más.

Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revocó esa propuesta del Congreso lo cual considero Inconstitucional.

Ahora todas estas desavenencias se han convertido en una propuesta de reforma, donde refiere de que tal y como se eligen a presidentes municipales, gobernadores, legisladores, y al ejecutivo también sea para los Ministros, Magistrados y Jueces, siendo esta la principal propuesta del Presidente, esto es para que sean electos de manera directa, a través del voto del pueblo.

El Presidente señaló que las personas que aspiren a dichos cargos deberán cumplir con ciertos requisitos y perfiles; además de efectuarse debates para que el pueblo los conozca y los elija.

Actualmente las Magistradas y Magistrados de Circuito, así como las Juezas y los Jueces de Distrito son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal, el cual toma criterios objetivos y los requisitos y procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables.

Por su parte los Magistrados y Magistradas que conforman la Sala Superior y Regionales son electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República somete una terna a consideración del Senado, la cual, previa comparecencia, hará la designación para cubrir la vacante.

Así las propuestas de la reforma son las siguientes:

1.- Integración. Reducir el número de ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 pasen a 09.

Los actuales Ministros, Magistrados, Jueces permanecerán en el cargo hasta que sean electos y tomen protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial.

Las Ministras y Ministros la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Magistradas y Magistrados de Circuito, las Juezas y Jueces de Distrito, las Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del Decreto, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria que se celebre.

2.- Designación. Que los Ministros no sean designados, sino electos por voto ciudadano, manera directa y secreta por la ciudadanía el primer domingo de junio en las elecciones ordinarias del año que corresponda.

Para la elección de los Ministros el Senado de la República emitirá la convocatoria para la integración del listado de candidaturas el día que se instale el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior al de la elección que corresponda.

El Poder Ejecutivo postulará de manera paritaria por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República hasta diez personas aspirantes; el Poder Legislativo postulará hasta cinco personas por cada Cámara mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta diez personas por mayoría de seis votos.

3.- Sueldo. Plantea que los ministros no podrán tener un sueldo mayor al del presidente de la República.

La iniciativa propone modificar diversos artículos para establecer que las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, Magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, perciban una remuneración que en ningún caso podrá ser mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

4.- Duración. Que los ministros no duren en su cargo 15 sino 12 años. Se plantea eliminar su derecho a un haber por retiro.

5.- Eliminación de Salas. La eliminación de las dos Salas con las que actualmente cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto permitirá que el pleno sea quien conozca y delibere sobre todos los asuntos que lleguen al máximo tribunal.

6.- Expedites. Se propone fijar plazos de hasta seis meses para que un asunto sea resuelto.

En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de Tribunales Administrativos.

7.- Vigilancia. Que la administración del Poder Judicial de la Federación este a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.

Hoy la vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, el cual será sustituido por esos dos nuevos órganos.

La iniciativa propone reformar diversos artículos de la Constitución en lo relativo a las facultades y atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que se propone sustituir con la creación de dos órganos: el de administración judicial, y el Tribunal de Disciplina Judicial.

El Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Estará integrado por cinco miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional.

Las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de ministros, sus decisiones serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de estas.

Ahora bien, para su aprobación, la cámara de diputados y de senadores revisarán y votarán, en la Cámara de Diputados necesitan 334 votos a favor, lo que representa las dos terceras partes de los votos y para el Senado requiere al menos 84 votos si contemplamos la asistencia de 126 senadores en el debate.

Por sí solo, el partido del poder no tiene los votos en San Lázaro para aprobarlo, debido a que tiene 200 diputados, y ni con sus aliados consigue reunir los suficientes votos para aprobar las reformas del presidente, debido a que el Partido Verde cuenta con 40 votos, y el PT 33, lo que da un total de 273 votos a favor.

En el Senado, tienen 71 de los 84 votos que se necesitan para lograr dos terceras partes y conseguir la aprobación calificada. El número final puede variar y dependerá de los miembros presentes en las sesiones en las que se voten estas reformas.

Será necesario que exista acuerdos con otros partidos para lograr dichas reformas que, en pasadas reformas, como la eléctrica, se les complicaron obtenerlas, sin embargo, de cara al último año del gobierno de López Obrador la contienda electoral podría complicar el panorama y no será ninguna sorpresa que el tema se use con fines electorales.

Crítica.

Nos parece muy desacertada la propuesta, pues no suman en nada al Poder Judicial que como contrapeso del Poder Ejecutivo debe de gozar de autonomía, lo que pretende el ejecutivo es debilitar al Poder Judicial, asimismo nos parece totalmente desacertado pretender que los impartidores de justicia sean electos de manera directa, pues ello finalmente será básicamente a propuesta del ejecutivo y de sus legisladores, quienes propondrán a personas afines a ellas pero sobre todo sin ningún conocimiento en la impartición de justicia muestra de ello es la ministra Batres que como se ha evidenciado en sus participaciones, no tiene los conocimientos, preparación y experiencia  para ocupar dicho cargo.

Asimismo, con la propuesta de reforma se pretende que los actuales Ministros, Magistrados y Jueces de Distrito, dejen sus cargos para ello deberán ser liquidados de suerte que el costo que ello conllevaría sería un hueco enorme en el erario.

Vemos además difícil que ésta reforma pueda alcanzar los votos suficientes de los partidos de oposición, aunque al estar en vísperas de elección y por ende de reparto de cargos ello pueda ser una moneda de cambio, lo que sería muy grave.